Posicionamiento de Consejeras y Consejeros del INE Referente al tema de la Consulta Ciudadana

A la opinión pública:

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano colegiado y máxima autoridad de la institución, por mayoría aprobó el acuerdo de posponer temporalmente algunas actividades preparatorias para la organización de la eventual consulta de Revocación de Mandato. En un órgano colegiado las diferencias de opinión y de votos son naturales y se respetan, pues así se toman las decisiones y forman parte del debate público.

Las decisiones del Consejo General del INE pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, por ello, la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida. Serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda y, el INE, como siempre, acatará esas decisiones.

Por ello es muy preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado. Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen.

Por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las Consejeras y Consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía. Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión.

En un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos.